La Corte Constitucional ha establecido un conjunto de estándares particulares para la garantía de la IVE de las niñas y adolescentes, mujeres con discapacidad, migrantes e indígenas. A continuación, se explican dichos estándares:
El derecho a la IVE fue reconocido para todas las mujeres, incluyendo a las adolescentes entre los 14 y los 18 años y las niñas menores de 14 años, quienes tienen plena autonomía y capacidad para tomar la decisión aun cuándo papá, mamá, representante legal o cualquier tercero no esté de acuerdo.
Las niñas menores de 14 años embarazadas tienen plena capacidad para expresar su consentimiento frente a la IVE o la continuación del embarazo.
Las niñas y adolescentes son titulares plenas del derecho al libre desarrollo de la personalidad y, por lo tanto, gozan de capacidad para consentir sobre tratamientos e intervenciones en su cuerpo que afecten su desarrollo sexual y reproductivo.
Debe entenderse la garantía de la autonomía reproductiva como una forma de protección reforzada a las niñas y adolescentes.
La existencia de la presunción del delito de violencia sexual en embarazos en niñas menores de 14 años indica que no es necesario que la causal violencia sexual sea acreditada, por tanto, la denuncia penal es una formalidad.*
La causal violencia sexual aplica solo para solicitudes de IVE que se realicen después de la semana 24 de gestación. Antes de este plazo, el acceso a la IVE es libre y bajo las propias razones que tenga la niña o adolescente, de modo que no debe acreditarse alguna causal o requisito.
Debe protegerse de manera especial el derecho a la intimidad de las niñas y adolescentes que deciden no continuar con un embarazo. Es decir, que están prohibidas prácticas como notificar la decisión de la menor a los padres, cuidadores u otro tercero, o dar información sobre su historia clínica a otras autoridades estatales cuando esto no se requiere esencialmente.
Es una barrera de acceso y una práctica prohibida impedir que las niñas menores de 14 años embarazadas manifiesten de manera libre su consentimiento para efectuar la IVE, cuando sus padres o representantes legales no están de acuerdo. Así, en los casos en los que se presente una colisión entre la opinión de representantes legales y de las niñas o adolescentes, debe primar siempre la garantía de la autonomía de las menores de edad.
El deber del Estado implica dar información clara, transparente y responsable, que tome en cuenta las capacidades de la niña o adolescente de asumir esos riesgos, y le permita conocer los procedimientos y deberes del Estado.
En los casos de solicitudes de IVE de niñas y adolescentes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) está obligado a: (i) orientar sin prejuicios; (ii) informar sin influenciar y con acompañamiento psicosocial; (iii) articular con el sector salud para el acceso efectivo y (iv) realizar el seguimiento constante para eliminar las barreras y lograr el acceso en 5 días calendario.
Cuando se traten de procesos jurisdiccionales o administrativos en donde esté involucrado un niño o niña indígena, se deben proteger conjuntamente tanto sus derechos individuales, como sus derechos colectivos a la identidad cultural y a su identidad étnica. Sin embargo, cuando la jurisdicción indígena, o la misma comunidad, vulnera los contenidos esenciales de los derechos fundamentales de los niños y niñas, estos pueden tutelarse por parte de la jurisdicción nacional ya que sus derechos individuales no pueden ser negados por la colectividad.
La autonomía de la que gozan las autoridades indígenas tiene dos límites constitucionales claros: (i) un núcleo duro de derechos humanos (derecho a la vida, integridad personal, prohibición de tortura y servidumbre) y el principio de legalidad (entendido como predictibilidad de las decisiones); y (ii) los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad indígena contra determinaciones arbitrarias.
Las mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad son titulares de los derechos sexuales y reproductivos y, por tanto, del derecho a la IVE.
El consentimiento informado de las personas con discapacidad siempre debe primar.
No se puede negar o anular la capacidad jurídica de las personas por motivos de su discapacidad. Por lo contrario, se les deben garantizar los apoyos y ajustes razonables para garantizarles la toma de decisiones autónomas en materia de salud sexual y salud reproductiva.
El Estado se encuentra en la obligación de proveer todos los apoyos para que las personas con discapacidad, de la mano con los ajustes razonables posibles, puedan recibir la información necesaria y comprensible para emitir su voluntad libre e informada.
No se deben interponer barreras como la solicitud de autorización de los padres o representantes, sentencia de interdicción, autorización del comisario o defensor de familia para acceder a la IVE.
Las mujeres migrantes tienen derecho a acceder a la IVE sin importar su situación migratoria (regular o irregular). La Corte Constitucional en la sentencia C-055 de 2022 reconoció expresamente el derecho a la IVE que tienen todas las mujeres migrantes, y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran particularmente aquellas con un estatus migratorio irregular.
Los servicios de salud relacionados con el embarazo, incluida la IVE, deben ser atendidos de manera urgente y prioritaria y, por lo tanto, las mujeres migrantes pueden acceder a la IVE en Colombia a través del servicio de urgencias de la red pública hospitalaria del lugar donde se encuentren.
Las circunstancias particulares que afrontan las mujeres migrantes son fundamentales al momento de entender e interpretar la causal salud en los casos de IVE después de la semana 24 de gestación. Es decir que las circunstancias que rodean usualmente la migración irregular, como son el hacinamiento y la precariedad económica en la que viven, el estigma social del aborto dentro de la comunidad, la no afiliación al sistema de salud y la xenofobia, deben tenerse en cuenta cuando se interprete la afectación de un embarazo para la vida o salud de una mujer migrante.
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Elaborado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Este es un colectivo feminista que desde 1998 trabaja por la eliminación de la discriminación y defiende los derechos de las mujeres, especialmente el derecho al aborto en todas las circunstancias, a través del activismo y la generación de conocimiento, aportando en la construcción de la democracia en Colombia.
No es lo mismo una vida desarrollada que una expectativa de vida. El Estado ampara la vida en gestación a través de la protección a la mujer gestante. Desde la sentencia C-355 de 2006 la Corte Constitucional diferenció la vida como valor y la vida como derecho subjetivo y explicó que el derecho a la vida está restringido a la persona humana. En este orden se ideas, no existe en Colombia un derecho a la vida del nasciturus, del no nacido o del que está por nacer.
Esto significa que la objeción de conciencia se predica únicamente del personal que realiza directamente la intervención médica necesaria para interrumpir el embarazo.
Implica también que no podrá hacer uso de este derecho el personal que realiza funciones administrativas, actividades médicas preparatorias o posteriores a la intervención.
Además, las personas jurídicas no son titulares del derecho la objeción de conciencia y, por tanto, a las EPS no les es permitido oponerse a la práctica de la IVE.
La objeción de conciencia deberá constar por escrito, indicando (i) las razones por las cuales está contra sus más íntimas convicciones la realización del procedimiento en ese específico caso, (no formatos generales de tipo colectivo, ni por persona distinta a quien objete conciencia); (ii) el profesional médico al cual remite, el cual deberá estar disponible y contar con la capacidad técnica para realizar el procedimiento.
Se trata de un estándar flexible para (i) Proteger y garantizar mayor acceso a la IVE en los casos en que se detecte una malformación; (ii) Evitar que los profesionales de la salud se inhiban a la hora de certificar; y (iii) Evitar extender irrazonablemente el procedimiento de IVE debido a un debate científico frente al tipo de malformación, y ante un asunto de carácter urgente que no admite dilaciones injustificadas.
Dado que los psicólogos son profesionales de la salud están en capacidad de evaluar el impacto que un embarazo tiene en la salud mental. Por lo tanto, sus dictámenes son válidos para la certificación de la IVE. Lo que se certifica es una “amenaza” a la vida o la salud.
Por otro lado, solo será posible controvertir un certificado emitido por un médico externo si se basa en argumentos científicos y dentro de los cinco días desde la emisión del certificado.
Una vez se cuenta con el certificado, la EPS deberá derivar a la mujer a una IPS con capacidad técnica para efectuar el procedimiento de acuerdo con la edad gestacional. Esta diligencia no podrá exceder el término de los cinco días que empiezan a correr desde la emisión del certificado.
Con base en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros derechos fundamentales, las menores de edad tienen plena capacidad para decidir sobre la IVE. Esto, aun cuando los padres o representantes no estuvieran de acuerdo con la decisión.
La falta de denuncia no puede ser pretexto para negar la IVE cuando se trate de una menor de 14 años, pues se presume la existencia del delito de acceso carnal abusivo.
Esto implica que los casos deberán atenderse de manera gratuita y como una urgencia médica, independientemente de la existencia de denuncia penal.
Así mismo, todas las entidades del sistema de salud están en la obligación de implementar el Protocolo y el Modelo de Atención Integral en Salud para las Víctimas de Violencia Sexual, que establece la ruta de atención en IVE.
Le corresponde al operador o prestador del servicio de salud dar aplicación a la causal que suponga menos cargas para la mujer ante la coexistencia de dos o más causales para la realización de la IVE. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha reiterado que en los casos de violencia sexual existe también una clara afectación a la salud integral de la mujer víctima, por lo que ésta puede optar por invocar la causal riesgo para la vida o la salud y presentar un certificado médico que acredite su afectación.
Los profesionales informarán los riesgos del procedimiento de acuerdo con la edad de gestación, para que se garantice el consentimiento informado de la mujer, quien es la que decide sobre la realización del procedimiento.
Según la Corte Constitucional, el término de cinco días para la práctica de la IVE es oportuno y razonable, por lo que deberá seguir siendo aplicado.
Esto significa que el sistema de salud deberá garantizar a todas las niñas y mujeres en estado de embarazo: (i) Valoración oportuna, integral (física y mental), lo que deberá comunicarse de manera clara; (ii) Valoración periódica sobre el desarrollo y estado del embarazo para identificar oportunamente posibles malformaciones y activar la posibilidad de la IVE; y (iii) Expedición inmediata del certificado médico para activar la posibilidad de la IVE.
Además, el sistema no podrá negar o dilatar la valoración ni la expedición del certificado médico o expedir uno que no corresponda el diagnóstico efectuado.
Las autoridades deberán tomar todas las medidas necesarias para evitar todo acto que busque interferir en la decisión libre, autónoma e informada de las mujeres.
Así mismo, este mandato implica que ni las mujeres ni quienes atienden su solicitud pueden ser objeto de discriminación.
Todo el personal de la salud, así como todo aquel que intervenga en la ruta de atención en IVE, está en la obligación de garantizar plena confidencialidad a las mujeres que acuden en búsqueda de una IVE. En ese sentido, el secreto profesional es inquebrantable, toda vez que la decisión sobre la IVE pertenece a la esfera íntima o privada de las mujeres y no es un asunto de interés público o general.
Ninguna EPS podrá negarse a atender un caso de IVE y, por el contrario, deberá garantizar la prestación de este servicio en cualquier edad gestacional y sin importar el tipo de afiliación a la seguridad social.
Así mismo, el Ministerio de Salud deberá velar por la suficiente y efectiva disponibilidad y acceso a la IVE, sin discriminación, de forma oportuna, segura, de calidad y salubridad.
Esto significa que el Estado deberá garantizar: (i) el derecho a recibir información comprensible, oportuna, suficiente, adecuada y pertinente en derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la IVE; y (ii) el cumplimiento del deber de los prestadores de servicios de salud de entregar y publicar periódica y activamente información en derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la IVE.
La IVE es un derecho de las mujeres que consiste en decidir si continuar con un embarazo o abstenerse de hacerlo cuando se encuentren en alguna de las tres causales indicadas en la sentencia C-355 de 2006: (i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o para la salud integral de la mujer, certificada por un médico o psicólogo; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina, certificada por un médico; (iii) Cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de violencia sexual debidamente denunciada, bien sea acceso carnal, acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo no consentidas o de incesto.
El hecho de ser considerado un derecho fundamental implica que el Estado: (i) no podrá hacer uso del poder punitivo para perseguir penalmente a las mujeres que aborten dentro de alguna de las tres causales establecidas en la sentencia C-355 de 2006; y (ii) que existe un conjunto de obligaciones de respecto y de garantía por parte del Estado y de los prestadores del servicio para garantizar el acceso efectivo a este derecho
