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Información fundamental

T-946 de 2008

Temas abordados

Causal riesgo para la vida o la salud de la mujer / Causal violencia sexual / Requisitos adicionales / Plazo para la IVE / Obligaciones y deberes / Edad gestacional / Objeción de conciencia / Condición de discapacidad.

Tener en cuenta

Se trata de una sentencia que reitera jurisprudencia y los estándares en IVE, incluyendo objeción de conciencia, fijados hasta ese momento.

La Corte oficia a las entidades competentes para la investigación a la EPS, a los médicos tratantes y de los jueces de instancia, dado el incumplimiento de la jurisprudencia constitucional.

Estándares jurídicos fijados en la sentencia

  1. La solicitud de cualquier requisito adicional al establecido en la sentencia C-355 de 2006 constituye un obstáculo al ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres.
  2. La actuación de los jueces que omiten el deber de ordenar la práctica de la IVE bajo las condiciones previstas en la sentencia C-355 de 2006, ameritan una investigación penal y jurídica por parte de las autoridades competentes.
  3. Si el médico invoca la objeción de conciencia, es su deber remitir a la mujer gestante a un centro médico donde le realicen la IVE, de no hacerlo puede incurrir en falta disciplinaria y los tribunales de ética médica tienen competencia para estudiar el caso.
  4. La dilación injustificada de la prestación del servicio de IVE vulnera los derechos a la integridad, a la libertad, a la dignidad, entre otros.
  5. La prestación del servicio de la IVE debe garantirse dentro de los 5 días siguientes a la solicitud.
  6. Reiteración de jurisprudencia:
    (i).  Corresponde a las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud orientar a las mujeres restantes que cumplen con las condiciones establecidas en la sentencia C-355 de 2006, sobre los lugares y los médicos en donde de manera oportuna y adecuada les pueden practicar la interrupción del embarazo.
    (ii).  Tribunales de ética médica: tienen competencia para estudiar la falta disciplinaria en que pudrieron incurrir los médicos que no remitieron a la mujer embarazada a otro profesional de la salud para que le practicara la IVE de manera oportuna ante la presentación de la objeción de conciencia. (Se tuvo en cuenta la T-209 de 2008).
    (iii).  Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Protección Social: facultad de investigar y sancionar a las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud que no autorización la IVE en forma oportuna y adecuada conforme con los parámetros definidos en la sentencia C-355 de 2006. (Se tuvo en cuenta la T-209 de 2008).
    (vi).  Autoridades disciplinarias y penales: deben recibir copia de actuaciones de jueces de tutela que niegan el derecho a la mujer embarazada de acceder a la IVE en los términos de la sentencia C-355 de 2006.
  7. Cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de violencia sexual, basta con la presentación de la denuncia ante la autoridad competente para que las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud autoricen la realización del aborto en las condiciones mencionadas en la parte conmiserativa de la sentencia. La solicitud, de cualquier otro requisito, en el evento descrito constituye un obstáculo al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.