Actualizado:

Información fundamental

T-627 de 2012

Temas abordados

Derecho a la información / Derecho a la vida / Obligaciones y deberes / IVE derecho fundamental / Derechos Sexuales y Reproductivos como Derechos Humanos / Alcance sentencia C-355 de 2006

Tener en cuenta

Se trata de una sentencia muy importante en cuanto al derecho a la información en la IVE y otros Derechos Sexuales y Reproductivos, en tanto establece que la información debe ser oportuna, completa, accesible, pero en espacial debe ser fidedigna o confiable.

La Corte sienta un precedente en cuanto a los estándares de la información que difunden los funcionarios públicos, bien sea en medio de comunicación o mediante oficios dirigidos a otras instituciones o actos administrativos.

La Corte concedió la tutela y ordenó, entre otras cosas, (i) al entonces Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, a rectificar todo pronunciamiento tergiversado, falso y confuso en contra de la IVE; y (ii) a la PGN y las Procuradoras Delegadas demandas a cambiar su posición frente a la anticoncepción oral de emergencia, el derecho a la IVE y el Misoprostol.

Estándares jurídicos fijados en la sentencia

  1. Uno de los derechos reproductivos reconocidos por la Constitución y por el bloque de constitucionalidad es el derecho a la información en materia reproductiva.
  2. Las declaraciones de los altos funcionarios públicos -de nivel nacional, local o departamental- sobre asuntos de interés general, no entran en el ámbito de su derecho a la libertad de expresión u opinión sino que se constituyen en una forma de ejercer sus funciones a través de la comunicación con la ciudadanía.
  3. Los límites del poder-deber de comunicación de los altos funcionarios públicos con la ciudadanía son (i) la veracidad e imparcialidad cuando transmitan información; (ii) la mínima justificación táctica y la razonabilidad de sus opiniones; y, en todo caso, (iii) el respeto de los derechos fundamentales, especialmente de los sujetos de especial protección constitucional. Además, el juicio de responsabilidad por extralimitación de estas barreras es de por sí estricto debido a su condición permanente frente a la población, pero más aún cuando se utilicen los medios masivos de comunicación.
  4. La anticoncepción oral de emergencia (i) no tiene carácter abortivo sino anticonceptivo, (ii) su uso no está restringido a las hipótesis despenalizadas de aborto, (iii) las mujeres que hacen uso de ella fuera de las causales despenalizadas de aborto no incurren, en ningún caso, en el delito de aborto y (iv) hacen parte de los servicios de salud reproductiva que las mujeres colombianas pueden libremente elegir.
  5. Los funcionarios públicos están obligados a acatar las decisiones judiciales, aunque no las compartan por razones morales, religiosas o incluso jurídicas.
  6. No existe en Colombia un derecho a la vida del nasciturus, de no nacido o del niño por nacer, aunque son objeto de protección constitucional en virtud del bien de la vida.
  7. La declaración de nulidad del Decreto 4444 de 2006 por parte del Consejo de Estado no incide en los estándares fijados por la Corte Constitucional en cuanto al alcance del derecho a la IVE y objeción de conciencia, por cuanto dichos estándares se fijaron con base en la Constitución y no en dicho acto administrativo.