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Información fundamental

T-388 de 2009

Temas abordados

Causal malformación feta incompatible con la vida / Causal riesgo para la vida o la salud de la mujer / Alcance sentencia C-355 de 2006 / Requisitos adicionales / Obligaciones y deberes / Objeción de conciencia / Menor de 14 años / Menores de edad / Derecho a la información / Derecho a la intimidad / Plazo para la IVE / Menores de edad / Certificado médico

Tener en cuenta

Esta es una sentencia muy importante, pues fija, crea, completa y recoge una serie de estándares en materia de IVE, pero además reconoce su fuerza vinculante para los prestadores y funcionarios. Concepto de precedente jurisprudencial.

La sentencia hace especial énfasis en las reglas para el ejercicio de la objeción de conciencia en la atención de casos de IVE, así como en las obligaciones y deberes de los prestadores y funcionarios.

Esta es la primera sentencia, después de la C-355 de 3006, que reitera que los conceptos de psicólogos son válidos para la IVE.

Estándares jurídicos fijados en la sentencia

  1. Penalizar la IVE en toda circunstancia se constituye como una interferencia estatal desproporcionada e irrazonable sobre la libertad y la dignidad de las mujeres y que, por lo tanto, en las circunstancias contempladas en la sentencia C-355 de 2006 prevalecen los derechos y la decisión de la mujer sobre la IVE.
  2. Forzar a una mujer a continuar el embarazo con una malformación incompatible con la vida, es considerado como un trato cruel, inhumano y degradante que afecta su derecho a la dignidad humana.
  3. Frente a la causal riesgo para la vida o la salud, se tiene que las mujeres no pueden ser obligadas a asumir sacrificios heroicos ni puede conducir sacrificar sus propios derechos en beneficio de terceros o del interés general, así el embarazo haya sido resultado de un acto consentido.
  4. Se enlistó, de forma enunciativa, algunas de las obligaciones de respeto y de garantía más importantes frente al derecho a la IVE:
    (i). Las mujeres puestas bajo las hipótesis contenidas en la sentencia C-355 de 2006 gozan del derecho a decidir libres de presión, coacción, apremio, manipulación y, en general, cualquier suerte de intervenciones inadmisibles respecto de la interrupción voluntaria del embarazo.
    (ii). Todas las mujeres deben poder contar con la información suficiente, amplia y adecuada que les permita ejercer a cabalidad y en libertad sus derechos sexuales y reproductivos, lo que incluye, estar plenamente enteradas respecto de lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006 así como en el Decreto 4444 de 2006 “Por el cual se reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y reproductiva” (Actualmente derogado).
    (iii). Los servicios de IVE deben estar disponibles en todo el territorio nacional, y las mujeres en estado de gravidez han de poder acceder a los mismos en todos los niveles de complejidad que lo requieran.
    (iv). Las personas profesionales de la salud y, en general, el personal de salud que atienda la solicitud de las mujeres relativa a la IVE están obligados a ofrecer plena garantía de confidencialidad y, en consecuencia, a respetar el derecho de las mujeres a la intimidad y a la dignidad.
    (v). Ni las mujeres que optan por IVE bajo las hipótesis previstas en la sentencia C-355 de 2006, ni quienes atienden su solicitud, pueden ser víctimas de discriminación o de prácticas que limiten de alguna forma o impidan su acceso al lugar de trabajo o a centros educativos o su afiliación al sistema general de salud o riesgos profesionales.
    (vi). Ninguna entidad prestadora de salud, sea pública o privada, confesional o laica, puede negarse a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la mujer se encuentra bajo los supuestos despenalizados, cualquiera que sea el tipo de afiliación a la seguridad social que tenga la mujer y con independencia de su condición social, económica, edad, capacidad de pago, orientación sexual o etnia.
  5. Las entidades prestadoras de salud NO pueden elevar obstáculos adicionales no contemplados por la sentencia C-355 de 2006 que impliquen una carga desproporcionada y arbitraria a las mujeres. Son barreras de acceso a la IVE:
    (i). Realizar juntas médicas que dilatan injustificadamente la IVE.
    (ii). Impedir que las menores de 14 años se manifiesten frente al consentimiento informado, cuando sus padres estén de acuerdo.
    (iii). Solicitar requisitos adicionales a los establecidos en la sentencia C-355 de 2006,verbigracia, exigir: (a) dictámenes de medicina forense; (b) órdenes judiciales; (c) exámenes de salud que no son practicados de manera oportuna; (d) autorización por parte de familiares, asesores jurídicos, auditores, médicos y pluralidad de galenos.
    (iv). Alegar objeción de conciencia colectiva, adherirse a formatos o suscribir pactos para no realizar procedimientos de IVE.
    (v). Ejercer presión sobre personal médico que es considerado no objetar conciencia.
    (vi). Desestimar certificados emitidos por psicólogos.
    (vii). Incumplir el sistema de referencia y contra referencia cuando el servicio de IVE no está disponible en la IPS a la que acudió la mujer.
    (viii). No disponer de redes públicas que presten el servicio de IVE.
    (ix). Exigir un previo permiso o autorización judicial a las mujeres que optan por interrumpir su embarazo bajo los supuestos de la sentencia C-355 e 2006.
    (x). Elevar obstáculos adicionales no contemplados por la sentencia C-355 de 2006 que impliquen una carga desproporcionada y arbitraria a las mujeres, entre otras.
  6. Requisitos para el ejercicio de la objeción de conciencia son:
    (i). Expresarlo por escrito, (a) señalar las razones por las cuales la IVE está en contra de sus más íntimas convicciones; y (b) el profesional médico al que se remite a la mujer.
    (ii). Es prohibido (a) utilizar formatos para objetar conciencia; (b) objetar conciencia de manera colectiva; (c) objetar conciencia a nombre de un tercero; (d) no tener certeza de que el profesional al que se remita el caso no sea objetor de conciencia y que tenga la experticia y pericia para llevar a cabo la IVE.
    (iii). La objeción de conciencia no será una posibilidad cuya titularidad se radique en cabeza del personal que realiza funciones administrativas, ni de quien o quienes lleven a cabo actividades médicas preparatorias de la intervención, ni de quien o quienes tengan a su cargo las actividades posteriores a la intervención, únicamente del personal que realiza directamente la intervención médica.
    (iv). La objeción de conciencia es un derecho individual y no colectivo, es un derecho del que se excluyen a las personas jurídica, por lo que ninguna entidad prestadora de salud- sea pública o privada, confesional o laica- puede negarse a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la mujer se encuentra bajo los supuestos establecidos en la sentencia C-355 de 2006.
    (v). Las autoridades judiciales no pueden objetar conciencia, las causales de impedimento en el caso de las autoridades judiciales son taxativas, no contemplan la objeción de conciencia, y son de interpretación restrictiva pues su ejercicio significa una restricción al acceso a la administración de justicia.
    (vi). Es imposible catalogar la objeción de conciencia como un acto que permanece ubicado dentro del fuero interno de quien la ejerce, pues su ejercicio desata consecuencias frente a terceras personas en materia de IVE, razón por la cual existen reglas para su ejercicio.
    (vii). Si solo existe una persona profesional de la medicina que pueda practicar la IVE bajo las hipótesis previstas en la referida sentencia, entonces deberá practicarlo. En esta hipótesis la restricción a la libertad de conciencia del médico es totalmente legítima -en tanto proporcional y razonable-, pues conlleva la protección [entre otro] del derecho a la vida y la salud de la mujer gestante.
  7. Las entidades prestadoras de salud NO pueden exigir un previo permiso o autorización judicial a las mujeres que optan por interrumpir su embarazo bajo los supuestos de la sentencia C-355 de 2006.