T-284 de 2020

“(…) lo cierto es que los asuntos relativos a la I.V.E., “son de carácter urgente” a causa de la premura con la que se debe actuar, “pues a medida que avanza el embarazo el procedimiento se hace más dispendioso y peligroso para la vida y la salud de la mujer”. Por tanto, en casos especialmente urgentes la tutela se convierte en un mecanismo transitorio eficaz para evitar un perjuicio irremediable”

“Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, a pesar de la carencia actual de objeto, la Corte puede pronunciarse de fondo “(…) si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”

“38. En los dos primeros supuestos, es decir, (i) cuando la continuación del embarazo constituya peligro real para la vida o la salud de la mujer, y (ii) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, para que sea posible la I.V.E., sin que se incurra en el delito de aborto, deberá existir una certificación de un médico que permita constatar la existencia real de una o ambas hipótesis”

“Así, en la Sentencia T-988 de 2007, la Corte estudió el caso de una EPS que se negó practicar la I.V.E. a una joven con discapacidad física, psíquica y sensorial víctima de acceso carnal violento. En el mencionado caso la Corte constató que la EPS había impuesto cargas desproporcionadas para la realización del procedimiento, aun cuando se trataba de una joven en situación de indefensión, pues exigió requisitos adicionales al denuncio, como lo fueron (i) la sentencia judicial de interdicción y guarda, y (ii) una prueba psicológica que hiciera comprobaciones adicionales.”

“(…) De forma similar, la Sentencia T-209 de 2008 reiteró los requisitos exigidos para acreditar la procedencia de la interrupción del embarazo en cada uno de los tres casos no constitutivos de delito (Supra numeral 38)”

“(…) En la misma línea, la Sentencia T-585 de 2010 concluyó que el Estado y los particulares que participan del Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS e IPS) están en la obligación de abstenerse de imponer obstáculos ilegítimos a la práctica de la I.V.E en las hipótesis despenalizadas –obligación de respeto- tales como exigir requisitos adicionales a los descritos en la Sentencia C-355 de 2006. Así también, tienen el deber de desarrollar, en la órbita de sus competencias, todas aquellas actividades que sean necesarias para que las mujeres que soliciten la I.V.E, y que cumplan los requisitos de la Sentencia C-355 de 2006, accedan al procedimiento en condiciones de oportunidad, calidad y seguridad –obligación de garantía-.”

“(…)La Corte continuó desarrollando esta misma línea argumentativa en las sentencias T-301, T-697 y T-731 de 2016 al señalar que el derecho fundamental a la I.V.E no se limita a la realización de un procedimiento médico, sino que también supone componentes básicos de información, accesibilidad y disponibilidad en los servicios por parte de las EPS, siempre y cuando se compruebe que se encuentra dentro de una de las inmunidades del tipo penal de aborto establecidas en la Sentencia C-355 de 2006.

44. En particular, la Sentencia T-697 de 2016 reiteró lo señalado en la Sentencia T-388 de 2009 en lo referente a la autonomía para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y en particular a la interrupción voluntaria del embarazo. Así, dicha sentencia señaló de manera expresa que los menores de edad son titulares plenos del derecho al libre desarrollo de la personalidad y en esa medida gozan de plena capacidad para consentir sobre tratamientos e intervenciones en su cuerpo que afecten su desarrollo sexual y reproductivo. Todo lo anterior, siempre que se enmarque en una de las hipótesis que no constituyen el delito de aborto de conformidad con la Sentencia C-355 de 2006.

45. En la Sentencia SU-096 de 2018, la Corte resolvió el caso de una solicitud de I.V.E. por malformación fetal. En esta oportunidad, la Corte reiteró que en el marco de este supuesto “los médicos deberán evaluar esta circunstancia, sin estarles permitido proferir un certificado de IVE ante un diagnóstico de simple discapacidad física o mental. Sea esta la oportunidad para reiterar la protección constitucional de las personas en situación de discapacidad y recalcar que la práctica de IVE motivadas por malformaciones que puedan generar discapacidades futuras no es compatible con la Constitución. Es precisamente por esto que la línea jurisprudencial exige al galeno verificar (a) la existencia de la malformación y (b) la calificación de esta como incompatible con la vida del feto”.”

“52. Esta Sala no puede pasar por alto la orden emitida por el Juzgado 13 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín en el fallo del 15 de noviembre de 2019, consistente en compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la presunta comisión del delito de aborto.

53. Lo anterior, en virtud de que para el momento en que se remiten las copias, no había ocurrido hecho alguno que permitiera advertir la comisión de un delito. La orden es impartida con fundamento en manifestaciones de intención de una menor de edad y su madre, quienes creían poder acceder a una interrupción voluntaria del embarazo.

54. Lo anteriormente expuesto, adquiere más relevancia cuando se advierte que el contexto del caso involucra a una menor de edad que por falta de información manifiesta estar desorientada para enfrentar un embarazo temprano, pues es claro que el Estado cuenta con instituciones encargadas de acompañar dichos procesos y ofrecer información acerca de alternativas, por ejemplo, la adopción .

55. Siendo así, esta Sala encuentra que una respuesta institucional semejante no se ajusta a los postulados constitucionales que ordenan la protección de los niños, niñas y adolescentes (art. 44 de la Constitución), y que reconocen un deber de asistencia y protección del Estado a la mujer en estado de embarazo y lactante (art. 43 de la Constitución).

56. El artículo 122 de la Ley 599 del 2000 prescribe el delito de aborto como “La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses. A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior”.

57. De conformidad con la ocurrencia de los hechos relatados y la comunicación enviada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  es materialmente imposible que, en las circunstancias actuales, sea llevado a cabo el verbo rector del delito enunciado, toda vez que la adolescente aceptó su maternidad al contar con el apoyo de su familia y su pareja sentimental y el día 7 de febrero de 2020 nació su hija en buenas condiciones de salud. 

58. Por lo anterior, carece de sentido lógico que se mantenga la orden impartida por el Juzgado 13 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín en lo relacionado a la orden de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la presunta comisión del delito de aborto.”

“59. Es relevante para la Sala recordar que los jueces deben actuar de modo responsable frente a este tipo de situaciones en el sentido de que es irrazonable reprochar a una menor las consecuencias de la falta de cuidado y planificación en sus relaciones sexuales con el único fin de evitar embarazos no deseados (Supra numeral 18) ”

“60. La jurisprudencia de esta Corte reconoce que la protección a la mujer durante el embarazo y el período de lactancia tiene por lo menos cuatro fundamentos en nuestro ordenamiento constitucional. El primero de ellos se deriva del artículo 43 de la Constitución  que se refiere a la asistencia del Estado a la mujer en embarazo o lactancia. El segundo, es el conocido como fuero de maternidad o protección de la mujer embarazada o lactante de la discriminación en el ámbito del trabajo. Un tercer fundamento se encuentra en los preceptos constitucionales que califican a la vida como un valor fundante del ordenamiento constitucional, especialmente el Preámbulo  y los artículos 11  y 44. Finalmente, un cuarto fundamento se justifica por la particular relevancia de la familia en el orden constitucional, lo cual se refleja en los artículos 5  y 42   de la Carta y en la jurisprudencia constitucional, como ha sostenido esta Corte “si la mujer que va a tener un hijo, o la madre que acaba de tenerlo, no recibieran un apoyo específico, los lazos familiares podrían verse gravemente afectados. 

61. De modo que, es claro que el ordenamiento constitucional colombiano protege los derechos de la mujer gestante y lactante. Siendo así, y teniendo en cuenta que, en el caso concreto, MDA es una adolescente con una hija recién nacida, que ha decidido asumir la maternidad, existe una obligación en cabeza del Estado de asistirle y protegerle.”