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Información fundamental

T-209 de 2008

Temas abordados

Causal Violencia Sexual / Derecho a la vida / Alcance sentencia C-355 de 2006 / Menor de 14 años / Obligaciones y deberes / Objeción de conciencia / Plazo para la IVE / Requisitos adicionales

Tener en cuenta

Esta es una sentencia muy importante, pues fija una serie de estándares que posteriormente son reiterados dentro de la jurisprudencia en IVE de la Corte Constitucional, y que fija elementos determinantes del alcance del derecho a la IVE en Colombia.

La Corte resumen los fundamentos de la sentencia C-355 de 2006 y, por primera vez en una sentencia de tutela, la Corte detalla las reglas en materia de objeción de conciencia en IVE.

Así mismo, la Corte fija nuevas las reglas para los prestadores de salud en la materia y las consecuencias legales en caso de incumplimiento.

Estándares jurídicos fijados en la sentencia

  1. La falta de denuncia no puede ser pretexto para negar la interrupción del embarazo en casos de menor de 14 años.
  2. Es una barrera inadmisible impedir a las niñas exteriorizar libremente su consentimiento para efectuar la IVE, aun cuando sus padres o representantes legales no están de acuerdo con dicha interrupción.
  3. Son deberes de los profesionales de la salud:
    (i). Proceder a realizar el procedimiento IVE de manera oportuna, es decir dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud, de conformidad con la Resolución 004905 de 2006, proferida por el Ministerio de la protección Social.
    (ii). Brindar la atención de manera integral y con calidad.
    (iii). Presta el servicio de conformidad con las normas y/o lineamientos técnicos en la materia, dictados por el Ministerio de Salud. (protocolos, Guía OMS).
  4. Reglas de la objeción de conciencia y obligaciones del Sistema de Seguridad Social en salud en materia de IVE:
    (i). Los profesionales de la salud en todos los niveles tiene la obligación ética, constitucional y legal de respetar los derechos de las mujeres.
    (ii). Los médicos o el personal administrativo no puede exigir documentos o requisitos adicionales, con el fin de abstenerse de practicar o autorizar un procedimiento de IVE.
    (iii). La objeción de conciencia no es un derecho del que son titulares las personas jurídicas. (Artículo 18 de la Constitución, que garantizar la libertad de conciencia y dispone que nadie será obligado a actuar contra ella).
    (iv). Prohibición de objeción de conciencia institucional: La objeción de conciencia es un derecho que solo es posible reconocer a las personas naturales.
    (v). La objeción de conciencia debe presentarse de manera individual en un escrito en el que se expongan debidamente los fundamentos.
    (vi). La objeción de conciencia no puede presentarse de manera colectiva.
    (vii). La objeción de conciencia debe fundamentarse en una convicción de carácter religioso, pues de lo que se trata no es de poner en juego la opinión del médico en torno a si está o no de acuerdo con el aborto.
    (viii). La objeción de conciencia no puede fundamentarse en la opinión del médico en torno a si está o no de acuerdo con el aborto.
    (ix). La objeción de conciencia no puede vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres.
    (x). El médico que se abstenga de practicar un aborto con fundamento en la objeción de conciencia tiene la obligación de remitir inmediatamente a la mujer a otro médico que si pueda llevar a cabo el aborto. Y, en el caso de las IPS, éstas deben haber definido previamente cual es el médico que está habilitado para practicar el procedimiento de IVE.
    (xi). Cuando se presenta objeción de conciencia el aborto debe practicarse por otro médico que esté en disposición de llevar a cabo el procedimiento de IVE, sin perjuicio de que posteriormente se determine si la objeción de conciencia era procedente y pertinente, a través de los mecanismos establecidos por la profesión médica, o en su defecto por el Ministerio de la Protección Social, conforme a las normas pertinentes.
    (xii). El Sistema de Seguridad Social en Salud debe garantizar un número adecuado de proveedores habilitados para prestar los servicios de interrupción del embarazo.
    (xiii). Las mujeres tienen derecho al acceso real, oportuno y de calidad al Sistema de Seguridad Social en Salud cuando soliciten la interrupción de su embarazo, en todos los grados de complejidad del mismo.
    (xiv). El Sistema de Seguridad Social en salud no puede imponer barreras administrativas que posterguen innecesariamente la prestación del servicio de IVE.
    (xv). El incumplimiento de las anteriores previsiones da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
    (xvi). La objeción de conciencia no es un derecho absoluto. Los profesionales de la salud deben atender las solicitudes de interrupción de embarazo en forma oportuna de conformidad con la sentencia C-355 de 2006 y es su obligación remitir inmediatamente a la mujer embarazada a un profesional de la salud que pueda practicar dicho procedimiento.
    (xvii). Si bien los profesionales de la salud tienen derecho a presentar objeción de conciencia, no pueden abusar del mismo utilizándola como una barrera para impedir, de manera colectiva o institucional, la realización del procedimiento
  5. Las consecuencias jurídicas que conlleva el desconocimiento de la jurisprudencia constitucional por la no práctica oportuna del aborto en los eventos despenalizados, son:
    (i) La competencia del Tribunal de Ética Médica para evaluar las objeciones de conciencia presentadas con ocasión de la solicitud de IVE;
    (ii) La potestad investigativa y sancionatoria de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio de la Protección Social;
    (iii) La investigación disciplinaria y penal de los jueces de instancia; y
    (iv) La indemnización de perjuicios.
  6. Las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud deberán garantizar que en la red exista disponibilidad suficiente para garantizar el acceso real y la atención oportuna en IVE en todos los grados de complejidad.
  7. Las EPS, IPS deberán garantizar un número adecuado de proveedores habilitados para prestar los servicios de IVE.